Regulación y transformación verdadera de la Autoridad de Energía Eléctrica.

“The definition of Insanity is to do the same thing over and over again and expecting different results.”
–Atribuido a Albert Einstein

 

El 27 de mayo de 2014 el Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, firmó la Ley 57-2014 (en adelante “Ley 57”), conocida como la Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico y denominada comúnmente como la Ley de Reforma Energética de 2014.  Entre los aspectos más importantes de la Ley 57 se encuentran la creación de la Comisión de Energía de Puerto Rico, mandato a la Autoridad de Energía Eléctrica con el fin de que un sesenta por ciento (60%) de la energía eléctrica generada en Puerto Rico a base de combustibles fósiles sea producida de forma altamente eficiente dentro de un periodo de tres años, la facultad de la Comisión para convocar Solicitudes de Propuestas (“Request for Proposal”) para la compra de energía o para la modernización de las plantas o instalaciones generadoras de energía de la Autoridad y, la creación de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor.

Entre los poderes otorgados a la Comisión de Energía se encuentra la facultad de regular todas las tarifas asociadas a la producción de energía en Puerto Rico.  Este es uno de los aspectos más relevantes de la Ley 57, puesto que al presente la regulación de las tarifas del servicio energético está en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto representa un serio conflicto de interés dado el caso de que la institución encargada de producir la energía es la misma que establece cuánto pueden cobrar por ella. Esta situación promueve la ineficiencia y elimina cualquier incentivo para lograr ahorros operacionales dentro de la Autoridad. Por lo tanto, el que un ente independiente sea el encargado de establecer las tarifas energéticas facilita un proceso justo e imparcial, tanto para los productores de energía como para los consumidores, mientras se fomenta la eficiencia en la producción y distribución de energía.

Cabe señalar que la Comisión tiene la facultad de regular los precios de compra y venta de energía por parte de cualquier entidad productora, no solamente de la Autoridad. Por lo tanto, la Comisión tiene el poder de regular el precio que paga la Autoridad de Energía Eléctrica a cualquier compañía productora de energía por los servicios que esta última ofrece. Este aspecto es de suma importancia puesto que provee un mecanismo riguroso para prevenir la manipulación del mercado energético y el precio facturado a los consumidores, evitando situaciones como las experimentadas por el estado de California en los años 2000 y 2001.

En aquel entonces, el estado de California fijaba el precio de venta de energía a los consumidores, sin embargo el mercado de venta al por mayor no estaba regulado.  Esta filosofía estaba fundamentada en la creencia de que un mercado mayorista no regulado promovería la libre competencia y reduciría los precios.  Sin embargo, compañías como la desaparecida Enron se aprovecharon de las leyes estatales para establecer esquemas en donde redujeron artificialmente la producción local, forzando a las compañías distribuidoras locales a comprar energía al por mayor de parte de compañías fuera del estado.  Esta situación forzaba a las compañías distribuidoras a  pagar precios inflados, mucho mayor que el precio promedio del mercado.  Como consecuencia, se registró una proliferación de apagones programados, los consumidores experimentaron un alza exorbitante en los precios energéticos y varias compañías distribuidoras se declararon en quiebra.

Luego de la crisis energética del año 2000, el estado de California estableció controles adicionales en sus leyes energéticas para evitar sucesos como los antes descritos.  De igual forma los estados de Arizona, Arkansas, Nevada, Nuevo México, Virginia y Wyoming se han movido de un mercado energético no regulado a uno con mayores controles en los precios y distribución energética.  A manera de ejemplo, el estado de Virginia aprobó el proyecto de ley HB3068/SB1416 en el 2007 terminando diez años de experimentación con un mercado no regulado.  Con la aprobación de la referida ley se  otorgaron facultades a la Comisión Estatal de Corporaciones de Virginia (“State Corporation Commission” en adelante S.C.C.) similares a las otorgadas a la Comisión de Energía de Puerto Rico a través de la Ley 57.  La S.C.C. tiene control absoluto de las tarifas por servicio energético de todas las compañías productoras de energía dentro del estado entre las que se encuentran las compañías privadas Appalachian Power Company, Dominion Virginia Power y Kentucky Utilities, así como más de doce compañías organizadas como cooperativas.  Dichos controles han facilitado la estabilización y homogeneidad de los costos energéticos a través del estado.

Cabe destacar que el concepto de desregulación del mercado energético no es sinónimo de privatización del proceso de producción de energía. En la mayoría de los mercados de los Estados Unidos la producción energética está en manos de compañías privadas, mientras que la regulación de las tarifas recae principalmente en instituciones gubernamentales.  Por lo tanto, en un mercado energético regulado, las tarifas y por ende los costos de energía de los consumidores, son reglamentadas por el estado aún cuando son compañías privadas las que producen y distribuyen la electricidad.

De otra parte, la desregulación del mercado implica la remoción de las restricciones en los precios energéticos, dejando que el propio mercado establezca los mismos.  El peligro de esta última es lo sucedido en el estado de California. En contraste, según el Centro para una Nueva Economía, “[l]a existencia de un regulador independiente y debidamente apoderado es de hecho, el elemento más importante que identifica el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo (EBRD) en la elaboración de un marco regulatorio coherente y predecible que sirva para fomentar mercados competitivos y un ambiente saludable de inversión”. (Ponencia del Centro para una Nueva Economía ante la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua, Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre el P. del S. 882, 6 de febrero de 2014, en la pág. 5.)

Establecer un ente regulador estricto e independiente es el primer paso para una verdadera reforma energética.  Sin embargo, esto no es suficiente para alcanzar la meta trazada de obtener una reducción significativa en la factura por el servicio energético.  Para lograr esta meta, es vital lograr una verdadera restructuración de los sistemas de producción energética de Puerto Rico. Como mencionamos anteriormente, la Ley 57 da un mandato a la Autoridad de Energía Eléctrica para que un sesenta por ciento (60%) de la energía eléctrica generada en Puerto Rico a base de combustibles fósiles sea producida de forma altamente eficiente dentro de un periodo de tres años, el cual puede extenderse a cuatro años si la Autoridad lo requiere.  En la actualidad menos del veinticinco por ciento (25%) de la energía que se genera en Puerto Rico proviene de fuentes altamente eficientes.  Más aún, la mayoría de las generadoras pertenecientes a la Autoridad de Energía Eléctrica datan de la década de los setenta y utilizan petróleo como combustible, lo que resulta en producción de energía de forma ineficiente y comparativamente costosa.

Por tal razón, para alcanzar el sesenta por ciento (60%) de producción altamente eficiente requerida por la Ley 57, la Autoridad de Energía Eléctrica está obligada invertir una cantidad sustancial de recursos para la modernización de sus plantas generadoras. Sin embargo, debido a la crisis fiscal por la que atraviesa, la Autoridad no tiene hoy día la capacidad económica para realizar dicha inversión.  Por lo tanto, la alternativa más viable para lograr la eficiencia requerida por la Ley 57 es la apertura del mercado energético a compañías privadas, ya sea por el mecanismo de Alianzas Público Privadas o el mecanismo de Solicitudes de Propuestas para la compra de energía, para la modernización de las plantas o instalaciones generadoras de energía de la Autoridad establecido en la Ley 57.

La utilización de compañías privadas para la producción de energía ya ha sido implementada con éxito en Puerto Rico.  Tales son los casos de la compañías EcoEléctrica en Peñuelas y A.E.S. en Guayama. Ambas compañías venden energía a la Autoridad de Energía Eléctrica, quien la distribuye a sus clientes desde los años 2000 y 2002, respectivamente.  Bajo este esquema de privatización de la producción de energía, la Autoridad de Energía Eléctrica mantendría el control de la distribución y facturación de la energía producida por las compañías generadoras.

De otra parte, tanto la tarifa facturada a los consumidores, así como la tarifa de la energía vendida a la Autoridad, sería regulada por la Comisión de Energía de Puerto Rico, de acuerdo con la Ley 57.  Dicha estructura de generación y distribución de energía provee un mecanismo altamente regulado, el cual abre el mercado energético a la competencia entre compañías privadas de generación. Esto podría redundar en beneficios para los consumidores puesto que las compañías privadas de generación se verían forzadas a operar de forma eficiente, reduciendo costos de producción de forma tal que puedan ser competitivos en el mercado energético.

Actualmente, la Autoridad de Energía Eléctrica es ineficiente en sus operaciones de producción energética. Por lo tanto, la verdadera transformación de la Autoridad implica  transferir la producción de energía a compañías privadas dentro de un mercado energético regulado, mientras mantiene la función de distribución y facturación a los clientes. No podemos continuar haciendo lo que hemos estado haciendo por los últimos cuarenta años y esperar resultados distintos. El momento de evolucionar es ahora.-

 

Por: Lcdo. Ángel R. Rivera De la Cruz, P.E. Asesor Legislativo

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