En sólo diez años en Puerto Rico se han aprobado tres códigos penales. El más reciente fue la revisión propuesta en esta legislatura del Código del 2012 que a su vez fue producto de las enmiendas propuestas al Código del 2004. Esa inestabilidad en este conjunto de leyes, de vital importancia para establecer una mejor convivencia en la sociedad, atendiendo de manera punitiva aquellas conductas que no han podido atenderse por otras vías, fue lo que llevó a una revisión del código ya existente y no a la eliminación completa del mismo. Así lo aseguró a Ley&Orden la Dra. Dora Nevares Muñiz, reconocida jurista puertorriqueña que laboró como asesora en dos de esas revisiones, la del 2004 y la del 2014. Según Nevares Muñiz en la propuestas enmiendas del 2014 se evitó comenzar desde cero para asegurar una estabilidad en el sistema jurídico.
 
En una ponencia de cincuenta páginas presentada ante la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal del 2012, Nevares Muñiz definió los principios de la sanción penal como “la expresión pública del Estado definiendo las conductas que se consideran delito y estableciendo penas correspondientes. En ese cuerpo de ley se incluyen las conductas que atentan contra el orden público y que no han podido atenderse por otros medios menos lesivos a las libertades individuales. De igual forma, el derecho penal es de carácter fragmentario, ya que no habrá de tipificar todas las conductas lesivas a los bienes que protege, sino sólo las modalidades más serias o reprochables, en términos de afectar la ley y el orden público”.
 
Esta reforma al igual que las anteriores no estuvo exenta de controversia. La discusión pública estuvo dominada por el debate sobre los delitos y penas del incesto, la agresión sexual, pornografía infantil y secuestro. El texto aprobado no alteró las penas dispuestas en estos crímenes. Luego de afirmar que está satisfecha con el resultado final, Nevares Muñiz explicó que el proceso generó un código penal más justo. “Es un código más justo porque resuelve problemas que se le presentaban tanto a los fiscales como a los abogados de defensa y a los jueces, en la interpretación y  aplicación del código del 2012 como estaba. Corrige lagunas que había en la interpretación de la ley. Es más justo porque dispone para atender la irresponsabilidad de las corporaciones que quedaban impunes porque no había penas cuando violaban la ley y es más justo porque atiende al convicto por razón de su adicción, que requiere tratamiento en delitos de severidad intermedia que no involucran violencia personal, ni son agresiones sexuales contra menores o pornografía”.
 
El catedrático de Derecho, Luis E. Chiesa, otro de los asesores de la comisión legislativa que tuvo ante sí la evaluación de las enmiendas al código del 2012, concluyó en su exposición ante este organismo sobre los proyectos del Senado, 1210 y el proyecto de la Cámara 2155, que el código penal del 2012 era tan deficiente que requería enmiendas sustanciales. “El esquema de penas adoptado en dicho código es excesiva e innecesariamente punitivo. No existe justificación empírica alguna para imponer penas tan altas. Las penas actuales no son compatibles con el mandato constitucional a la rehabilitación”.
 
Al igual que Chiesa, Nevares Muñiz afirmó que Puerto Rico mantiene las penas más altas en los delitos de violación, incesto, robo simple, robo agravado y apropiación ilegal agravada. En una tabla comparativa, presentada por Chiesa en su ponencia, Puerto Rico tiene una pena máxima de 62.5 años en el delito de violación mientras en Nueva York es de 25 años, California de 13, España es de 12 años y en Alemania es de 10 años.
 
El incesto también tiene una pena de 62.5 años, en Nueva York es de 25, en California de 3 años, España no tiene pena máxima y Alemania impone una pena de 3 años.
 
Pero los estudios presentados durante la evaluación de las enmiendas demuestran que no existe correlación entre las penas altas y una reducción en la criminalidad. Chiesa afirmó que ante dicha situación el gobierno “está desperdiciando preciados recursos económicos y humanos en encarcelar a personas por largos periodos de tiempo” cuando esos recursos podrían utilizarse en crear mejores mecanismos de detección. Entonces la certeza de que el delito cometido será castigado es la mejor arma para combatir la criminalidad.
 
En su exposición ante la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Penal, Nevares Muñiz indicó que “el aumento en las tasas de encarcelamiento en los Estados Unidos durante la década de los noventa demostró que el aumento en encarcelamiento no tuvo efecto en la reducción del crimen. Un estudio reciente del Vera Institute revela que entre el 2006 y el 2012, en 19 estados se ha reducido la población encarcelada, y en seis de ellos –Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Hawaii, Michigan y California- la reducción ha sido de dos dígitos. A pesar de ello el crimen no ha aumentado. Consistente con ello, indica el estudio, que la tendencia en la presente década en los Estados Unidos a nivel legislativo y administrativo ha sido hacia reducir las tasas de encarcelamiento y los costos de la prisión, expandir o fortalecer las penas alternativas a la reclusión, el análisis de casos individuales basado en criterios de riesgo y necesidades, fomentar el reingreso del convicto a la sociedad y hacer decisiones de legislación y política pública basadas en investigación empírica, datos y análisis.”
 
El senador Miguel Pereira, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la cámara alta coincidió con ambos letrados sobre este punto. “Creer que mientras más severo el castigo, menos delitos ocurren es completamente falso”, afirmó el legislador que no quedó satisfecho con el código penal aprobado porque entendía que “se tenían que hacer todos los cambios” lo que no ocurrió en los delitos de incesto, violación y pornografía infantil entre otros. “Pero en mi función política tengo que estarlo porque la política es el arte de lo posible”.
 
Sin embargo, hubo logros significativos. El nuevo código penal devuelve al juez la discreción judicial que le había sido limitada en 2012. “En el nuevo código el juez tiene la posibilidad de crear una combinación de penas porque se devuelve la discreción judicial en los delitos que conlleven penas de no más de ocho años”, explica Pereira quien también fue Secretario de Corrección y Rehabilitación.
 
Las enmiendas presentadas incluyen una política a favor de la rehabilitación. En el artículo 53 del Código Penal, por ejemplo, se restituye la pena de restricción terapéutica bajo los términos del Código Penal del 2004 (Artículos 62 y 68), pero con criterios más precisos para su aplicación, como medida rehabilitadora bajo un modelo de justicia terapéutica para adictos, y en consideración a los datos empíricos sobre la relación entre adicción y criminalidad.
 
“Se trata de una medida de restricción de libertad para que las personas se sometan a tratamiento de su adicción a drogas, alcohol o juego durante el término de su sentencia”, explicó ante la Comisión Nevares Muñiz. Según las enmiendas aprobadas se establecen requisitos y criterios para la imposición de la misma. Entre otros, la seguridad de la comunidad, disponibilidad de la persona al tratamiento, informe pre sentencia favorable y un plan de rehabilitación. La misma estará disponible para ser considerada en delitos graves con pena de ocho años o menos, o a título de negligencia, en que la persona evidencie problema de adicción a drogas, alcohol o juego.
 
El juez tendrá la discreción para sustituir la pena de reclusión o combinar la misma con: restricción terapéutica, restricción domiciliaria, sentencia suspendida, servicios comunitarios en delitos con pena estatutaria de ocho años o menos, o en delitos a título de negligencia. Los criterios para ejercer esa discreción se incorporan a los requisitos de cada uno de esos tipos de penas.
 
Pereira sostuvo que con las enmiendas aprobadas se cumple con el mandato constitucional de hacer posible la rehabilitación social y moral de las personas que delinquen. Durante su alocución en el debate de los proyectos 1210 del Senado y 2155 de la Cámara, el legislador sostuvo que “este es un gran paso en la dirección correcta. La aprobación de esta medida le concede la discreción necesaria al juez para tratar al adicto como lo que es, un enfermo. Esto en rechazo a la filosofía actual que los castiga como criminales y limita su acceso a tratamiento.”
 
Luego  azvbnm,.çde un año de  análisis, evaluación y discusión de las enmiendas propuestas al código del 2012 y la aprobación de 38 de las 58 presentadas según Pereira, se logró: establecer un sistema de penas proporcionales a la severidad de los delitos, se atiende el problema de hacinamiento que enfrentan las instituciones carcelarias del país ante la indiscriminada aprobación de medidas que imposibilitaban el acceso a programas de rehabilitación, se promueven alternativas viables para cumplir con el mandato constitucional a la rehabilitación de las personas sentenciadas, mediante la integración de un sistema novel de alternativas a la pena. Se restablece la figura del cooperador, para que ninguna persona quede impune por la comisión de un delito. Además se restableció la discreción judicial dirigida. Se proporciona certeza al sistema de justicia, dado a que la pena impuesta proporcionará una notificación adecuada sobre el tiempo real que cumplirá el autor de delito, sin la aplicación de bonificaciones automáticas que tanta incertidumbre y desasosiego crean entre los ciudadanos.
 
Pereira descartó una cuarta revisión del Código Penal del 2014 ya que ahora sus esfuerzos irán dirigidos a trabajar en las leyes especiales que se  afectaron con las enmiendas hechas al Código Penal. Nevares Muñiz es de la misma opinión. El nuevo código requiere de tiempo para madurar y para que se pueda evaluar en sus méritos, como debió ocurrir con el del 2012 pero que por sus graves fallas de estructura había que corregirlo. Según el licenciado Luis E. Chiesa era necesario enmendar sustancialmente el código del 2012 porque “carece de un hilo conductor que justifique tanto su esquema de penas como las doctrinas de la parte general y las definiciones de los delitos en particular que ahí se codifican.”
 
Nevares Muñiz entiende que, resueltos los problemas estructurales del Código Penal del 2012, no existe necesidad tampoco de revisar el recién aprobado por lo menos en los próximos cinco años. “Con unas medidas justas como la restricción terapéutica, la calibración del grado de participación como autor y cooperador, la estructuración de la discreción judicial, el código debe poder mantenerse por unos cuantos años. A eso hay que añadirle que los delitos que más le preocupan al público son los asesinatos en todos sus grados, la agresión sexual, el incesto, el secuestro de menores, el secuestro agravado, los delitos relacionados con la pornografía infantil y los delitos con agresiones contra menores que mantuvieron sus penas según el código del 2012. De manera que no hay razón para enmendar esos artículos salvo que en un momento este país entienda que las penas son muy altas. Porque, en la práctica no pueden subir más, ya que superan la expectativa de vida.”
 
En un país donde la incertidumbre es la norma en el ámbito gubernamental es imperativo que nuestro Código Penal brinde certeza y eso sólo se logra dejándole madurar. Esperemos que en esta ocasión, parafraseando al profesor Chiesa, “como al buen vino se le permita añejar y luego probar si tenemos un Gran Reserva en nuestras manos”.-
 
jueves, 29 de enero de 2015
 
Por Daisy Sánchez
 

 

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